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registrado (71%), cuentapropistas no profesionales (65%), servicios
doméstico (66%), o queda desempleado (54%) o inactivo (70%).
El otro fenómeno interesante que queda en evidencia es cómo la gente con
bajos niveles de educación presiona por entrar al empleo público a través
del empleo no registrado en el Estado. Esto se detecta contrastando la alta
proporción de gente con bajos niveles de educación en el empleo público
no registrado (57%) con la proporción del total de personas de Entre Ríos
mayor de 25 años que tiene bajos niveles de educación (52%). Ambas
proporciones son bastante similares lo que sugiere que el empleo público
no registrado es la puerta por donde las personas de baja educación pugnan
por entrar al empleo público.
El tercer fenómeno, también muy interesante, es el contrataste de la
proporción de gente con altos niveles de educación en el empleo asalariado
privado registrado (19%) y el empleo público registrado (42%). Por un
lado, es un hecho positivo que en el empleo público tienda a prevalecer la
gente más calificada, pero, por otro lado, también está señalando la
necesidad urgente e impostergable de mantener y potenciar la expansión
del sector privado formal en la provincia para poder absorber
productivamente a las oleadas de nuevas generaciones de jóvenes que
egresan de las universidad con un título universitario. Esto se observa en el
hecho de que el sector privado tiene similar proporción de personas con
altos niveles educativos que la que prevalece entre la gente mayor de 25
años mientras que en el sector público las personas con altos niveles
educativos están sobrerepresentadas; en otras palabras, si la proporción de
gente con estudios universitarios aumenta dentro de la población mayor de
25 años (como está ocurriendo con la mayor cantidad de jóvenes que salen
de la universidad con un título universitario), para que puedan conseguir
trabajo productivo tiene que ocurrir que la proporción de gente con este
nivel educativo aumente entre el empleo asalariado formal privado; caso
contrario, la presión de los nuevos profesionales también va a recaer sobre
el empleo público corriendo el riesgo de deteriorar la calidad de las
calificaciones profesionales dentro del sector público
.
En este marco, es fundamental efectuar una evaluación de la actual oferta
educativa de la región y el perfil de calificaciones que requiere la demanda
laboral actual y futura, tanto para el sector público como para el sector
privado. Hay evidencias de desarticulación de las ofertas educativas y las
necesidades productivas desde el momento en que el sector privado tiene
dificultades para encontrar empleados calificados cuando hay muchos
jóvenes formados en la universidad. Postergar la articulación de educación
y trabajo hace correr el riesgo de formar personas con mucha calificación y
elevados costos económicos que posteriormente se frustran por no
encontrar salida laboral acorde a su formación.