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productividad, donde el propio empleador es un trabajador más y cuya
remuneración no se diferencia mucho de lo que ganan sus propios
empleados. En casos como este, sino trabajaran en la informalidad,
directamente no podrían trabajar porque el alto costo de formalizarse hace
inviable la unidad económica. El costo social no se manifestaría en la no
registración laboral sino en mayor desempleo directo, que pasaría a ser
mucho más alto que el 4% de la población económicamente activa que se
reporta en la actualidad.
El 10% restante de trabajadores no registrados, que estarían en empresas
más grandes, en muchos casos se trata de relaciones laborales formalizadas
a través de la figura del monotributo, y que se encuadrarían en relaciones
asalariadas encubiertas, pero no es el empleo “en negro” típico
caracterizado por el pago de bolsillo a modo jornalizado o precarizado; y si
las empresas más grandes apelan a formas alternativas a la relación
asalariada es también por los altos costos laborales de formalizar a los
trabajadores.
Definitivamente, para lograr un proceso sostenido y estructural de
formalización del trabajo asalariado en Entre Ríos se necesita mucho más
que control laboral. Parecería ser ineludible la revisión de las normas
laborales y de la seguridad social, para simplificar y bajar el costo
económico de la registración laboral de manera sustancial. Esta es la única
vía de proteger el nivel de empleo actual, pero formalizándolo. Querer
insistir por la vía de los controles laborales o la judicialización del trabajo
informal impone altos riesgos de perder puestos de trabajos, dado que en
las condiciones normativas actuales, quiénes están generando el empleo no
registrado –las microempresas– no pueden formalizar sin caer en un severo
quebranto económico por su débil estructura productiva y precariedad de
costos.
El empleo público
En el sector público nacional, provincial y municipal de Entre Ríos hay
unos 104 mil trabajadores. De éstos, 89 mil son trabajadores registrados, 10
mil son trabajadores no registrados y unos 5 mil aproximadamente serían
personas que reciben algún tipo de estipendio asistencial del Estado por
problemas laborales
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. De aquí surgen dos elementos que llaman la atención.
En primer lugar, los empleados públicos registrados (89 mil) son un
número bastante similar al de los asalariados privados registrados (114
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Hay que aclarar que el número de planes de empleo está subestimado por la naturaleza de la
fuente de información. En primer lugar, el dato hace referencia a beneficiarios del viejo Plan
Jefes, no a todos los planes, y, en segundo lugar, al tratarse de una encuesta que no tiene por
finalidad estimar el número de planes distribuidos, la medición puede sufrir errores de sesgos en
la captura de los datos.