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La coparticipación federal no es un decisión donde la provincia pueda influir de
manera directa, dado que se requiere un amplio y difícil consenso entre todas las
provincias y el Estado nacional, sin embargo, entre todos los representantes de
los poderes ejecutivos provinciales y municipales, como de los poderes
legislativos nacional, provinciales y municipales, se debería construir un
consenso común y compartido para lograr una distribución de los ingresos
públicos nacionales más consistente y cercana a las obligaciones que el Estado
provincial y los municipios tienen con sus ciudadanos. Es decir, si las provincias
y los municipios tienen bajo su responsabilidad –según el arreglo constitucional
argentino– a la mayor parte de las funciones que hacen al desarrollo social
(educación, salud, seguridad, vivienda, infraestructura urbana), son las
provincias y los municipios las que deben gestionar la mayor parte, o al menos
una mayor porción que la actual
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, de la coparticipación federal de impuestos. La
centralización de impuestos en el nivel nacional no es consistente con la
distribución de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno.
El mejor uso del gasto público, por su parte, debe apuntar a elevar su
productividad, equilibrando la combinación de gasto en remuneraciones con
insumos de trabajo (un déficit identificado en el sector público provincial y en
los municipios más grandes) y reasignando recursos públicos de dudosa
productividad a obras de infraestructura productiva y social.
El ordenamiento de la deuda pública no debe caer en el conformismo de las
licuaciones cuando es consolidada por algún salvataje del Estado nacional, y
engrosar en paralelo la deuda flotante. La deuda flotante no es “gratuita” porque
las demoras en los pagos del sector público a sus proveedores distrae recursos
del sector privado que podrían tener mejor uso productivo, genera para el Estado
un costo financiero dado por los sobreprecios y, cuando crece a niveles no
sostenibles, impone nuevamente la necesidad de consolidación (licuación),
haciendo perder a los ciudadanos ahorros y recursos que podrían haber generado
muchos más dividendos sociales en usos alternativos. Por eso, el sector público
no debe generar deuda, estructurada o flotante, para financiar gasto corriente.
Debe gastar en función de sus ingresos. La capacidad de deuda debe ser
reservada exclusivamente para el financiamiento de infraestructura, con montos
y plazos que le generen pagos de intereses no muy onerosos. El manejo de la
deuda pública tiene que ser el más conservador posible y para desarrollo de
infraestructura de alto impacto productivo y social para la provincia.
Políticas educativas
Se debería vitalizar el principal factor productivo de la provincia, que son los
recursos humanos. Esto se logra con una mejor formación para insertarse en el
mercado de trabajo, a fin de aumentar los niveles de empleo. Para ello, se debe
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Actualmente, de la distribución automática de impuestos nacionales, las provincias reciben el 27% y la Nación
se queda con el 73% restante. Esto ya incluye la distribución del Fondo de la Soja.