El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos cumple una función prioritaria para mejorar la administración de justicia, destaca un comunicado de prensa difundido por la Asamblea de la Sociedad Civil ante el Consejo de la Magistratura de la provincia. Desde su creación, hace 17 años, garantiza que los magistrados seleccionados por concurso público sean probos y tengan el nivel técnico y la dimensión ética exigibles a uno de los poderes centrales para la convivencia democrática. Un magistrado cuesta mucho dinero durante años a las arcas del Estado provincial y, sin embargo, el Consejo de la Magistratura realiza la selección de los candidatos para cubrir estos cargos con recursos escasísimos de personal, tecnología e instalaciones, sostiene el comunicado.
La Asamblea de la Sociedad Civil considera que es un orgullo integrar el Consejo de la Magistratura, “un organismo que fue creado para frenar los intentos autoritarios de nombrar jueces en forma masiva, algo que la sociedad entrerriana no podía permitir ni tolerar”. Ha logrado su propósito, a pesar de la evidente falta de recursos económicos que condiciona su normal funcionamiento, asegura en el comunicado.
La legitimidad de origen del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos ha sido refrendando y consolidando concurso a concurso por un funcionamiento serio, transparente y resistente a los embates corporativos. Su rol como institución ha sido reconocido en la Constitución Provincial reformada en 2008 y por la Ley 9996.
Las críticas dirigidas al Consejo de la Magistratura que señalan supuestas ineficiencias y demoras suenan ridículas si se tiene en cuenta el presupuesto del órgano con relación a los cientos de concursos que debe realizar, señala la Asamblea de la Sociedad Civil. Y apunta que la situación ha sido agravada por la modificación sustancial del proceso penal, que requiere la creación de muchos cargos nuevos y demanda procesos de selección para los nombramientos. Son necesarios más recursos también para que puedan intervenir jurados de otras provincias y para el desarrollo de las entrevistas en el lugar donde se realizan los concursos, lo que es de extrema importancia para la participación ciudadana, indica el comunicado.
El Consejo de la Magistratura ha estado siempre lejos de contar con un presupuesto que esté a la altura para llevar adelante un trabajo de importancia vital y la tendencia ha sido a peor, señala la gacetilla. La Asamblea aclara que las y los consejeros que integran este órgano trabajan ad honórem y así queremos que siga siendo.
La información difundida remarca que la Asamblea de la Sociedad Civil hace público el pedido de dotar al Consejo de la Magistratura de un presupuesto que garantice el pleno funcionamiento de este organismo para que la sociedad conozca la realidad de esta institución, que es clave para la mejora de la administración de justicia. Una mejora que es reclamada cotidianamente por las y los ciudadano.
Las consideraciones y preocupaciones expresadas en el documento fueron remitidas formalmente mediante una misiva al gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Gustavo Bordet.
