Versión de HTML Básico
Conclusiones
El sector público de Entre Ríos tiene una importante dependencia del sector
público nacional: prácticamente 7 de cada 10 pesos de ingresos los recibe
de la Nación. En la actual coyuntura política, de buena sintonía de la
dirigencia provincial con la nacional, este fenómeno podría no ser un
problema, pero la situación puede revertirse ante cambios del ciclo político.
De todas formas, y esto es central, los ciudadanos entrerrianos pagan
muchos impuestos. La presión impositiva que hoy están afrontando esta
muy cerca del 40% del ingreso de la población cuando se suma la presión
tributaria nacional con la provincial. Parte de la explicación está en que la
presión tributaria nacional es alta y poco es lo que vuelve por el mecanismo
de redistribución automática de recursos nacionales a las provincias
(coparticipación). Como la provincia es la responsable por los principales
servicios que hacen a la calidad de vida del ciudadano (educación, salud,
seguridad, vivienda, infraestructura urbana) la escasez hace que la calidad
de los servicios estatales sea baja. A su vez, ante la escasez la provincia
sobrepone presión tributaria propia a la presión tributaria nacional. Así es
como los ciudadanos terminan pagando muchos impuestos, pero no sienten
que los servicios estatales funcionen como corresponden. Por eso, un
primer tema central de la agenda de políticas en el área del sector público
es la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos.
A la fuerte dependencia de los recursos nacionales, se suma la alta
gravitación de gastos rígidos: más de la mitad del gasto público provincial
va a sueldos y un 10% adicional a coparticipación a municipios. Esto
agrava la vulnerabilidad impuesta por los fondos nacionales. De todas
formas, el verdadero “tendón de Aquiles” del sector público provincial es
la Caja de Jubilaciones, la cual no es deficitaria por falla de gestión, sino
por definición de sus parámetros, y además el déficit es creciente por el
crecimiento de la planta de empleados públicos y de nuevos jubilados y
pensionados. Entonces, es urgente abordar como segundo gran tema de la
agenda de políticas la modernización en la gestión del empleo público y la
revisión de los parámetros de beneficios y financiamiento de la Caja de
Jubilaciones a fin de hacerla auto-sustentable.
El tercer gran tema es reconstruir el crédito público. La conducta de apelar
a la licuación de deuda pública por inflación y acumular deuda flotante por
atraso en los pagos puede parecer práctica, pero empobrece a la población
porque al final los recursos que el Estado licua son ahorros, producción y
capital de trabajo del sector privado provincial. Una sociedad que prospera
requiere un Estado patrimonialmente sólido y muy responsable en el
manejo del crédito público. Por eso, este es otro tema de política pública,
aunque ligado al anterior, en el sentido que la deuda es manejable cuando
las finanzas públicas son equilibradas y bien gastadas.