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que en la provincia hay un cargo docente cada 13 alumnos; un número que
indica que la cantidad de cargos docentes para una educación pública de
calidad en Entre Ríos es más que apropiado, y hasta muy alto, pero faltaría
mejorar las herramientas de gestión del esfuerzo y la calidad docentes.
El siguiente ítem relevante de gasto son las rentas de la propiedad que
aluden a pagos de intereses de deuda que abona la provincia a sus
acreedores con deuda registrada o alquileres; en general, el monto más
importante es el primero. Lo que se observa es una tendencia decreciente
dentro de la estructura de costos. El fenómeno se debe al manejo de la
deuda pública provincial. Este menor peso de los gastos de rentas de la
propiedad responde a un protagonismo creciente que tuvo la
deuda flotante
(Cuadro 6), la cual es una forma de endeudamiento a tasa de interés cero
dado que consiste en el mero retraso de los pagos del Estado para con sus
proveedores de insumos, obras y servicios. La connotación no es neutral: el
Estado disminuye el gasto público cargando compulsivamente a los
proveedores el costo financiero de sus atrasos en los pagos.
El ítem transferencias corrientes al sector privado corresponde a los
subsidios que el Estado realiza por diferentes motivos hacia la población,
pudiendo ir desde ayudas asistenciales a individuos en situación de
pobreza, los subsidios que reciben las escuelas privadas o algún subsidio
económico que realice la provincia. Las transferencias corrientes al sector
público aluden a la coparticipación a los municipios y subsidios que el
Estado nacional pueda estar haciendo a otros entes del sector público,
aunque el grueso corresponde a la coparticipación municipal. La tendencia
crece al ritmo del gasto público total lo que sugiere que las transferencias al
sector privado y público que ejecuta el Estado provincial no deben tener
espacio de discrecionalidad, mostrando más bien cierta automaticidad
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e
inercia, lo que dificulta su ajuste cuando sobrevienen problemas de gasto
público en exceso a los ingresos del Estado.
En esta perspectiva, es útil advertir en el análisis de los componentes del
gasto público que el gasto en personal (53%) y las transferencias corrientes
al sector privado y público (17%) señalan la parte “dura”, o más estructural
del gasto, que resulta la más difícil de ajustar cuando se producen los
déficits fiscales. Se trata del 70% del gasto público. La contracara es que
los ítems que sufren los “ajustes” son los que conforman el restante 30%
del gasto público conformados por los bienes y servicios, las rentas de la
propiedad y la inversión pública (gasto de capital).
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En cierta forma esto es el resultado de la ley provincial de coparticipación a los
municipios vigente que evita la discrecionalidad y que cuenta con garantía
constitucional.