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pero la provincia recibe de la Nación apenas 21,7% del producto
provincial, o sea apenas 5 puntos porcentuales más de recursos provinciales
en concepto de transferencias automáticas y no automáticas del sector
público nacional. Además, lo que la provincia recibe desde transferencia de
la Nación prácticamente no crece desde el año 2009 cuando la presión
impositiva se mantiene creciendo.
En palabras simples, los entrerrianos pagan a la Nación un monto mucho
mayor de impuestos que los que la provincia recibe desde la Nación; pero
la provincia es quién tiene que darle a los ciudadanos entrerrianos los
servicios de educación pública, salud pública, seguridad, control de
criminalidad, alumbrado y limpieza, justicia, transporte públicos y bienes
públicos en general.
Este es el principal problema que genera la elevada centralización de
recursos públicos en el nivel nacional y lo que impone con urgencia y
necesidad impostergable la rediscusión de la coparticipación federal de
impuestos. Si la presión impositiva atosiga a niveles intolerables a la
población, seria dable esperar que al menos los impuestos vuelvan en más y
mejores servicios estatales. Para que los servicios estatales que llegan
directamente al ciudadano funcionen mejor se requiere que las provincias y
municipios reciban una mayor porción de los impuestos que los ciudadanos
pagan a la Nación. Por esto, el punto de partida para la elevación de la
cantidad y la calidad de los servicios del Estado es una ley de
coparticipación federal donde la distribución de los impuestos nacionales
guarde coherencia con las responsabilidades que el Estado provincial tiene
hacia sus ciudadanos. En otras palabras, el balance de la coparticipación
debería inclinarse a favor de los que deben proveer los servicios públicos
básicos y estratégicos a la población, que son las provincias y los
municipios.
Los gastos del Estado provincial
Teniendo presente que los ingresos públicos provinciales en el año 2014,
ascendieron a 26,1 mil millones de pesos, los gastos del Estado provincial
para el mismo año, fueron de 26.9 mil millones, de los cuales gastos
corrientes son 22,7 mil millones (84%) y gastos de capital 4,2 mil millones
(16%).
En la composición del gasto, el protagonista es el pago al personal: 14,4
mil millones de pesos o 53% del gasto público total. Esta alta incidencia es
natural desde el momento que las provincias (y Entre Ríos no es la
excepción) tienen la responsabilidad constitucional de brindar los servicios
de educación pública, salud pública, seguridad y justicia, e infraestructura
urbana; es decir, todas actividades económicas altamente intensivas en
trabajo humano (docentes, médicos y enfermeras, policías, jueces y