El peso de los impuestos provinciales de Entre Ríos aumentó en la última década. La presión fiscal exclusivamente provincial era del 4,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2011 y ascendió hasta el 7,1% en 2020. Un 75% más que diez años atrás. El reverso de la presión fiscal es el tamaño del Estado. En los últimos cinco ejercicios el gasto público en Entre Ríos representó, en promedio, el 39% del PBG. Es un incremento de seis puntos porcentuales con respecto al lustro de 2011 a 2015, cuando el gasto público era, en promedio, el 33% del PBG
Dos de cada tres pesos de la recaudación provincial provienen del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), que representa el 4,5% del PBG y explica la mayor parte del incremento de la presión fiscal. Hace una década la provincia recaudaba un 2,3% del PBG por Ingresos Brutos. No es casualidad que el crecimiento de la presión tributaria haya sido motorizado por este impuesto, ya que es el más fácil de incrementar y recaudar. En primer lugar, porque lo pagan emprendedores y empresas de la provincia, que son una minoría, a diferencia de otros tributos que recaen sobre un conjunto más amplio de los ciudadanos, como los impuestos inmobiliario y automotor. El efecto final de Ingresos Brutos, sin embargo, afecta a todos los ciudadanos, ya que el incremento se traslada a los precios.
Ingresos Brutos tiene altos costos económicos y sociales. Es un impuesto distorsivo porque no incorpora la neutralidad fiscal y genera un efecto en cascada. El impuesto se paga en cada eslabón de la cadena de producción y, por lo tanto, su peso aumenta cuanto más larga es la cadena de valor. Esto lleva a los actores económicos a adoptar formas de organización que no son las más eficaces de una economía de mercado, que debería fomentar la especialización y no tanto la integración vertical. El costo económico de Ingresos Brutos es la pérdida de competitividad por el aumento de los costos internos, el desincentivo a la especialización y la acumulación de una presión impositiva que se traslada a los productos y servicios exportables. El costo social es una menor generación de empleos formales, salarios reales más bajos y mayores costos que se traducen en precios más elevados para los consumidores.
A Ingresos Brutos le sigue en importancia el impuesto inmobiliario, con 1,1% del PBG; el impuesto automotor, con el 0,7%; y el impuesto a los sellos, con el 0,5%. Los impuestos al empleo y al ejercicio de las profesiones liberales representan el 0,3% del PBG.
Impuestos distorsivos
El impuesto inmobiliario es el tributo que las sociedades avanzadas utilizan más para financiar el Estado porque grava capacidades contributivas objetivamente exteriorizables. Sin embargo, exige una alta calidad de gestión pública para contar con catastros actualizados en términos de titularidad y valuación actualizada de las propiedades. La ausencia crónica de gestión en estos términos en el sector público (no sólo de Entre Ríos, sino de todas las provincias) desactualiza periódicamente los catastros y desarbitra la presión de este impuesto en relación a los
que indirectamente gravan los consumos. Las fallas en la recaudación de este impuesto inducen al sector público provincial a maximizar la presión en Ingresos Brutos. Este es un impuesto cuyo diseño y gestión debería ser potenciado, lo que implica profesionalizar el gerenciamiento público.
El impuesto a los sellos es otro tributo enminentemente distorsivo en cuanto a las transacciones económicas, pero, a diferencia de Ingresos Brutos, recauda muy poco. Este es un impuesto ineficiente y oneroso para las empresas y particulares que quieren formalizar sus relaciones productivas en contratos de largo plazo, lo que distorsiona los procesos de transferencias de bienes registrables, resultando una fuente marginal de recursos públicos. En otras palabras, ni siquiera se justifica desde el punto de vista de la contribución fiscal que hace, a diferencia de IIBB que su justificación reside –precisamente– en que contribuye en dos tercios de la presión provincial.
Lo recomendable es que la presión impositiva provincial se nutra mucho más de los impuestos a los bienes registrables. Lo más desaconsejable es mantener el impuesto a los sellos, el empleo y a las profesiones liberales porque causan daño a la producción y hacen una contribución marginal a las arcas provinciales.
El más difícil de abordar es Ingresos Brutos. Este impuesto y las tasas de industria y comercio que los municipios también hicieron crecer en la última década se superponen con el IVA, porque consideran la misma base imponible. Una solución posible pasa por una reforma integral a nivel de los Estados nacional, provincial y municipal para subsumir los Ingresos Brutos y las tasas de industria y comercio dentro del IVA, que, por su estructura de ser un impuesto exteriorizable en las cadenas de valor, no incrementa el costo intermedio de los bienes y servicios. De esta forma, habría un solo impuesto a las ventas en todo el país. En un comienzo esto llevaría a una alícuota del IVA cerca del 30%. En cualquier caso, esto no sería un aumento de presión impositiva del IVA sino un sinceramiento de cuál es la verdadera alícuota que hoy impactan sobre las ventas y los consumidores.
La solución de fondo, sin embargo, exige una reducción del gasto público en relación con el PBG combinado coon un uso más eficiente de los recursos públicos para aumentar la porción que se destina a la inversión.
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