Con la participación de autoridades provinciales, legisladores nacionales y provinciales, y referentes de empresas vinculadas al sector agroindustrial, se desarrolló este viernes la Jornada Institucional del Agro, un espacio de articulación público-privada con foco en uno de los temas más sensibles para el campo: los Derechos de Exportación.
El evento fue encabezado por el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Héctor Bolzán; el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Renzo Cumar; y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Sebastián Pérez.
“Estamos convencidos de que esta interacción entre importantes instituciones del sector privado y público de la provincia tiene como denominador común brindar datos e información objetiva y de calidad, que entendemos será relevante para la toma de decisiones”, señaló Bolzán al iniciar la jornada.
Además, el titular de la Bolsa expresó que “esta es la punta del ovillo de un sinfín de trabajos multisectoriales que estaremos publicando de aquí en adelante, con la idea de abordar todas las cadenas de valor, industrias y sectores que tenemos en la provincia”.
En ese marco, se procedió a la firma de un convenio marco entre las instituciones organizadoras: el Consejo Empresario de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El acuerdo busca promover actividades de cooperación, intercambio y trabajo conjunto para el fortalecimiento institucional, capacitaciones, investigaciones, extensión universitaria y otras acciones relevantes para el desarrollo provincial.
Luego de la firma del convenio, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, reafirmó el compromiso del gobierno provincial con la reducción de los Derechos de Exportación, una medida que el gobernador Rogelio Frigerio ha planteado como una prioridad desde el inicio de su gestión. “Para impulsar el desarrollo, las retenciones son el primer impuesto a bajar, y concretar ese objetivo es un desafío muy fuerte”, remarcó Bernaudo.
Trabajo interinstitucional
Bajo el título “Impacto de los Derechos de Exportación en Entre Ríos”, el Lic. Gabriel Weidman (Secretario de Investigación de la FCECO-UNER) presentó el trabajo elaborado por los equipos técnicos de las instituciones organizadoras. El estudio abordó el impacto de los DEX sobre la producción entrerriana, con foco en los cultivos de soja, maíz, trigo y sorgo.
“El análisis se centró en el ingreso que los productores dejan de percibir por los menores precios internos derivados de las retenciones. Para el ciclo 2024/25, esa pérdida se estima en alrededor de 400 millones de dólares para los cultivos analizados”, explicó Weidman.
También se presentó un análisis de la evolución de las exportaciones provinciales de granos sin industrializar, sus valores y las alícuotas aplicadas en los últimos cinco años. En ese sentido, se estimó que, para el último ciclo agrícola, los Derechos de Exportación abonados por Entre Ríos rondarían los 85 millones de dólares. Esta cifra equivale, por ejemplo, al 3-4 % del parque actual de maquinaria agrícola o al 30 % del costo total de la siembra de maíz en la última campaña.
¿El campo tiene voz y voto en el Congreso?
La segunda parte de la jornada estuvo a cargo de la Fundación Barbechando, con la participación de su presidenta Ángeles Naveyra y la directora institucional Guadalupe Antia, quienes reflexionaron sobre la representación del agro en el Congreso Nacional. A través de su exposición, abordaron el rol que cumple la dirigencia rural y los espacios de incidencia política, destacando la importancia de construir una agenda legislativa articulada con las necesidades del interior productivo.
Al cierre de la jornada, se confirmó oficialmente la creación del Nodo Entre Ríos de la Fundación Barbechando, con el objetivo de promover una participación federal y representativa en los ámbitos legislativos, tanto a nivel nacional como provincial. Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa de trabajo territorial, orientada a fortalecer el diálogo con el poder legislativo y contribuir a la construcción de políticas públicas con una mirada agroindustrial.
