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1. Entender al agua como una política de estado con una visión estratégica
de gestión del recurso, garantizando la participación de todos los sectores.
Esto implica el suministro de recursos económicos y humanos.
2. Crear, dentro de la gestión integrada de los recursos hídricos un único
organismo (Autoridad Única del Agua) que centralice la planificación y
descentralice la operación por medio de los usuarios (estados y
particulares), previo a la creación de cualquier otro nuevo organismo y/o
legislación o normativa relacionada. Esta autoridad debe gozar de autarquía
institucional y financiera, siendo la autoridad de aplicación de la legislación
del agua.
3. Las unidades de planificación deben ser los Comités de Cuencas, donde
los usuarios discutan políticas de gestión que sean propuestas a la
Autoridad Única del Agua.
4. Los futuros textos normativos deben surgir a partir de las propuestas de
las unidades de planificación y la Autoridad Única de Aguas.